Lucro, financiamiento compartido y gratuidad en Educación

marchaUno de los temas ampliamente debatidos durante las movilizaciones estudiantiles ha sido el lucro en Educación. Los detractores han esgrimido el argumento de los fondos públicos, según el cual es inaceptable el uso de dineros venidos por subvención para el propio beneficio. Para ellos, los dineros públicos deben ser invertidos íntegramente en Educación. Por otro lado, quienes defienden el lucro argumentan desde el principio del emprendimiento personal y el legítimo derecho a obtener un provecho económico de ello. Para estos últimos, el lucro no debiese impedirse, sino regularse.

La polémica se ha desatado con mayor fuerza cuando el Informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior, solicitado por la Cámara de Diputados, dejó al descubierto abusivas e inescrupulosas prácticas mantenidas por varias instituciones.

Tras un año de discusiones legislativas, el pasado 29 de agosto la Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto de ley que pretende poner fin al lucro en Educación básica y media. El proyecto no impide que se entreguen fondos del Estado a establecimientos con fines de lucro, siempre y cuando éstos se inviertan íntegramente en el proyecto educativo del colegio, pero de ahora en adelante este tipo de instituciones deberían pagar impuestos, a menos que pasen a ser corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro. Por ahora habrá que esperar a que el proyecto pase a votación a la sala del Senado.

A lo anterior se suma el debate por el regimen de financiamiento compartido, que mantienen muchos colegios subvencionados. Las posiciones antagónicas se han agudizado a raíz de la reforma tributaria que permite devolver impuestos a padres que ganen entre $500.000 y $1.500.000, y que eduquen a sus hijos en colegios particulares subvencionados. Los detractores de la medida temen que aumente la migración de estudiantes desde la educación municipal hacia la subvencionada. Y quienes lo ven con buenos ojos, descubren aquí un espaldarazo del Ejecutivo al sistema de financiamiento compartido, lo mismo que viene cuestionado desde otros sectores.

En todo este fuego cruzado de discursos y posiciones, ha ido instalándose en la sociedad la propuesta de educación gratis para todos, y en todos los niveles. Mirado esto desde la lógica del mercado, resulta casi un insulto que quienes tienen dinero de sobra para financiar sus estudios no paguen por ellos, incluso debiesen pagar más. Otros sostienen que debiese ser gratis sólo para los sectores más vulnerables. De hecho, nadie se opone a que parte de los impuestos que pagamos todos los chilenos se destine a financiar la Educación de quien no puede hacerlo. Hasta aquí todo bien. Pero la lógica que lleva a los partidarios de la gratuidad para todos es otra, y tiene que ver con el Estado como garante de una Educación de calidad para todos los chilenos.

En el actual sistema educativo nacional, el Estado garantiza un piso educacional para todos, pero se trata de un piso con demasiados desniveles y averías. El Estado no invierte más recursos en reparar esos desniveles, argumentando que no tiene más recursos, o bien lo hace a la velocidad que se lo permite la propia institucionalidad. Un amplio sector de la población se ve, entonces, en la obligación de aceptar dicho piso educacional, tal y como está, tal y como llega. Entre tanto, otro sector, consciente de los problemas del piso, pide a los apoderados un aporte extraordinario para hacer frente a las falencias derivadas de la escasez de recursos materiales, y junto con ello, instala un sistema propio de administración institucional y pedagógica, más eficaz y eficiente que el piso estatal. Es la educación particular subvencionada, con financiamiento compartido. Este sector se desmarca de aquel que se ve obligado a aceptar el piso del Estado, y tiene la posibilidad de avanzar hacia una educación de mejor calidad, porque lo que el Estado no pone o no hace, lo asume la propia institución y las familias que pertenecen a ella. Pero existe todavía otro sector, el particular pagado, que se desmarca aún más, con mayores aportes y, por lo tanto, con más posibilidades de avanzar hacia mejor educación.

Nos preguntamos, entonces, si la gratuidad que piden los estudiantes no es un mero resentimiento. En otras palabras, ¿no están pidiendo nivelar hacia abajo? Seamos honestos, lo que los estudiantes piden no es fruto de resentimiento social, ni tampoco hay en ellos afán de nivelar hacia abajo. Lo que piden es que el Estado se haga cargo de que ese piso educacional común sea de igual calidad para todos los chilenos, independiente del ingreso familiar o de la condición socio-cultural de cada uno. Y la única forma de garantizar que esto ocurra es mediante la gratuidad para todos. Si nadie debe pagar por un servicio, entonces todos exigiremos, y con la misma fuerza, que ese servicio sea excelente. Pero si se me permite pagar para mejorar el servicio que recibo, entonces pago, y una vez alcanzado lo que necesito ya no me importa que lo que está recibiendo mi vecino sea cualitativamente la mitad o menos de lo que yo recibo. Este es el fondo ético de la lucha por la gratuidad: exigir al Estado que nivele hacia arriba, que no ponga como piso un mínimo, sino un máximo de calidad.

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Categorías:EDUCACIÓN

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